Con la llegada del nuevo año reporta la
prensa una noticia mala. Habrá que pagar las indemnizaciones acordadas a las
petroleras norteamericanas, víctimas de los actos “soberanos” que condujeron al
apoderamiento de sus bienes y a la cesación de las actividades de explotación
que realizaban.
Conforme al artículo 5 de la Constitución
la soberanía reside en el pueblo, el gobierno es conforme al artículo 6
“responsable”. Los artículos 25 y 137 desarrollan el concepto de la
responsabilidad al señalar que todo acto que menoscabe los derechos
garantizados por la Constitución y la ley hace incurrir en responsabilidad
penal, civil y administrativa a quienes los ordenen y ejecuten, porque deben
actuar de acuerdo con las atribuciones que la Constitución y la ley les
definen.
Venezuela no podrá sustraerse a la
responsabilidad civil derivada de los actos ejecutados por quienes han ejercido
el poder público y tendrá que pagar las indemnizaciones que las instancias
internacionales acuerden, que son millones de dólares, decenas, centenas y
miles de millones.
Todos esos procedimientos realizados con
violación de la Constitución y la ley, con un energúmeno gritando por
televisión “exprópiese” y una corte de vasallos que aplauden y ejecutan las
órdenes del sultán, cuando la Constitución pauta en su artículo 115 que “solo
mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización podrá ser
declarada la expropiación”, comprometen la responsabilidad personal.
La República pagará los montos a los cuales ha sido condenada y
otros posteriores a los cuales pueda serlo. Pero la República está en el
derecho y el deber de exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados por los responsables de esos actos arbitrarios que comprenden no
solamente las condenatorias contra la República, sino también los gastos
asociados a la defensa de una causa que se debió ventilar en los tribunales
venezolanos; y que solo la arbitrariedad al margen de la Constitución y la
sujeción de los tribunales al poder ejecutivo terminó por colocarla en manos
foráneas.
Seguramente no faltará quien califique esta
opinión de imperialista y vuelva a invocar la soberanía para justificar lo
actuado. La soberanía es del pueblo, no de los gobernantes “responsables
y alternativos”. Si los jueces aprenden a verla así captarán que su función es
servir a la Constitución y las leyes y no al gobierno.
Formando fila entre los responsables de
resarcir a la República los daños causados veo a los ciudadanos Hugo Chávez
Frías, Alí Rodríguez Araque y Rafael
Ramírez, pero hay muchos más.
Caracas,
3 de enero de 2012
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