El PAIS
Un general en la
reserva justifica una intervención militar para evitar la secesión
“Si los mecanismos
de defensa de la Constitución no funcionan, entonces...”
El general de
división Juan Antonio Chicharro, en la despedida en San Fernando (Cádiz) de una expedición a Bosnia-Herzegovina,
en 2009. / R. RÍOS (EFE)
El título del
debate, Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional, no permitía prever
el cariz que acabaría tomando el acto, pero el general de división en la
reserva Juan Antonio Chicharro se metió al público en el bolsillo cuando
proclamó: “La patria es anterior y más importante que la democracia. El
patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley”.
Un centenar de
personas abarrotaba el pasado 6 de febrero el salón de la Gran Peña, un club de
rancio aroma frecuentado por militares retirados en la Gran Vía madrileña. Entre
los ponentes figuraban, además del general, el presidente de la Sala de lo
Militar del Supremo, Ángel Calderón, el rector de la Universidad Rey Juan
Carlos, Pedro González-Trevijano, y el magistrado y director de la Revista
Jurídica Militar, José Antonio Fernández Rodera, como moderador.
El acto se
desarrolló dentro de los cánones académicos hasta que tomó la palabra
Chicharro, comandante general de la Infantería de Marina (un cuerpo con más de
4.000 militares) hasta diciembre de 2010. Desde el principio dejó claro que la
suya no era una intervención improvisada.
Según varios
asistentes, se excusó alegando que en circunstancias normales habría declinado
la invitación, pero que la actual “ofensiva
separatista-secesionista” le obligaba a hablar. Como
único militar entre los oradores, aseguró que en los ejércitos “hay un
sentimiento generalizado de preocupación, temor, incertidumbre y confusión”,
lamentó su ostracismo y criticó la
destitución del general José Mena, en enero de 2006, por criticar el
Estatuto catalán.
Aunque reprochó a
los nacionalistas que busquen una interpretación tergiversada de la Carta
Magna, se aventuró a ofrecer la suya. “El artículo 8.1 no implica la autonomía
de las Fuerzas Armadas”, dijo, en alusión al mandato que encomienda a los
ejércitos la misión de “defender la integridad territorial y el ordenamiento
constitucional”. En línea con la jurisprudencia, recordó que la defensa de la
Carta Magna corresponde al Tribunal Constitucional y al Gobierno, al que el
artículo 97 de la Constitución atribuye la dirección “de la Administración
civil y militar”.
Hasta ahí, la
parte ortodoxa de su discurso. Recurriendo siempre al condicional y sugiriendo
las respuestas en forma de preguntas, desarrolló luego una teoría justificativa
del golpe de
Estado. El problema se produciría, dijo, “si los responsables de la defensa de
la Constitución no se comportaran como
su función requiere”. Y ello le llevó a preguntarse “cuál es el rango normativo
del título
preliminar de la Constitución”.
No lo dijo, pero
lo dio a entender: el artículo 8.1 forma parte del núcleo duro de la Carta Magna, lo que no
sucede con el artículo 97, el que determina la subordinación de las Fuerzas
Armadas al Gobierno, por lo que su fuerza imperativa sería menor.
El general se
adentró por la peligrosa senda de las hipótesis al invitar a imaginarse qué
sucedería si el PP perdiera la mayoría absoluta en las próximas elecciones y
los nacionalistas le exigieran, a cambio de su apoyo, la reforma del artículo 2
de la Constitución, que consagra la unidad indisoluble de la Nación española. “¿Qué
hacen entonces las Fuerzas Armadas?”, se preguntó. No dio ninguna respuesta. O
tal vez sí, porque agregó enigmáticamente: “Una cosa es la normativa y otra la
praxis”.
“Si los mecanismos
de defensa del
orden constitucional no funcionan, por acción u omisión, entonces...”,
concluyó. La única autoridad que pareció resistir su revisión constitucional
fue la del Rey; convertido, como
en el 23-F, en mando efectivo de las Fuerzas Armadas.
Si Chicharro
quería ser ambiguo, el público no lo interpretó así. Su intervención fue
recibida con una gran ovación, salpicada por gritos de “¡Bravo! ¡Bravo!”.
Ya en el coloquio,
la mayoría de preguntas fueron incluso más lejos que el general. Quien cortó en
seco la deriva fue el catedrático González-Trevijano. “La alternativa a la
Constitución es un suicidio colectivo”, advirtió.
El general
Chicharro está en la reserva, pero no retirado. Sigue sujeto al código
disciplinario castrense, que castiga al militar que “exprese públicamente
opiniones que supongan infracción del
deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o
sindicales”. Además, está destinado en la asamblea permanente de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, un selecto órgano asesor del ministro de
Defensa en materia de recompensas que evalúa la “conducta intachable” de los
militares.
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