La población está claramente informada del
atropello que representa el juicio que se le sigue a la juez María Lourdes
Afiuni. Desde el mismo momento cuando el presidente saliente pidiera 30 años de
cárcel para ella, por haber ordenado la liberación de Eligio Cedeño para que el
proceso en su contra continuara pero en
libertad, conforme a la ley, era de esperarse que ante la imposibilidad
de complacerlo con una sentencia condenatoria, definitivamente firme, las
tortuosas prácticas del sistema judicial salieran a relucir para privarla de
libertad, sin que mediara indicio alguno, ni mucho menos comprobación del
delito imputado: haber obtenido una retribución por su sentencia. Solo existió
la sospecha del saliente que no puede entender que una decisión que libera a un
perseguido suyo pueda producirse sin que haya mediado una compensación
dineraria. Dícese que aquel que juzga dice más de si mismo que de aquel a quien
juzga. En lenguaje popular “cada ladrón juzga por su condición”.
Hace mucho tiempo que ese proceso contra
ella debió estarse desarrollando en libertad, como lo prescribe la ley. Pero
¿dónde están los jueces que la acordarán ante las múltiples peticiones de sus
abogados defensores, cuando ella está ahí sub-judice, precisamente por haber
sentenciado que el juicio a Eligio Cedeño debía continuar pero en libertad y
eso fue lo que causó la ira del saliente y cuando los que
juzgarían a quien acuerde la libertad de Afiuni, gritan en los actos de
apertura del año judicial “uh, ah, Chávez no se va”.
La existencia de una grave condición de
salud ha obligado a sus jueces, a riesgo de irritar más al saliente, a ordenar
que tenga la casa por cárcel dadas las condiciones existentes en los penales
sobre las cuales sería redundante hablar, cuando los acontecimientos de Yare II
hablan por sí solos.
Ocurre ahora, que la juez Afiuni va a ser
sometida a una intervención quirúrgica y la titular del Tribunal 17 de juicio,
Marilda Ríos, que conduce el proceso, vaya forma de conducirlo, en lugar de
proceder como lo dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
dictar su sentencia y solicitar el concurso de la fuerza pública, lo hace al
revés. “Los efectivos militares realizaron la supervisión y notificaron a la
Juez que el Hospital de Clínicas Caracas (HCC) es seguro para proceder a la
hospitalización de Afiuni Mora”. Y todavía dicta sentencias en nombre de la
República.
Caracas, 23 de agosto de 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario