“La Realidad Sobre el Actual Proceso Político Venezolano”

Hoy Venezuela se encuentra en la peor situación que haya vivido en todos los órdenes, a lo largo de su historia republicana. En diferentes oportunidades: (referéndum revocatorio del 15 de Agosto de 2004, elecciones para diputados a la Asamblea Nacional el 04 de Diciembre de 2005, elección presidencial del 03 de Diciembre de 2006; referendum constitucional Dic 2007; alcaldes y gobernadores Dic 2008), el Consejo Nacional Electoral, integrado ilegalmente con predominio absoluto de los seguidores de la dictadura sui generis en que se ha convertido el régimen de oprobio que gobierna a Venezuela, frustró la voluntad popular, comenzando, entre numerosos ventajismos y fraudes, con la perversión del Registro Electoral mediante las migraciones y la ejecución de procesos, llamados “operativos” de otorgamiento de cédulas de identidad muy alejados de corresponder a la realidad poblacional venezolana. Y con esa frustración ha engañado y burlado también a la comunidad internacional, para asegurarse en la imposición de su gobierno totalitario marxista.
Estamos convencidos de que nos enfrentamos a un régimen dictatorial de nuevo cuño, que pretende ampararse cínicamente en un manto de legalidad y ello nos obliga a mantener una evaluación y análisis permanente sobre la evolución del proceso político de nuestro país y a la vez formular un llamado, urgente e inaplazable, a todos los sectores de nuestra sociedad así como a la comunidad internacional, para que rescatemos el honor, la soberanía y la libertad de nuestra patria.
Los hechos que fundamentan lo que aseveramos, que han conducido a la deslegitimación creciente, ya definitiva, de este régimen, pueden sintetizarse de la siguiente manera:
a.- Gravísima situación socioeconómica, caracterizada por desempleo; hambre, quiebra y destrucción del aparato productivo nacional, especialmente Pdvsa y empresas básicas de Guayana; galopante aumento de la pobreza e inseguridad. Los últimos resultados de las encuestas (no oficiales) señalan que el 81 % de los venezolanos son pobres. Se pretende crear una situación de absoluta dependencia del aparato del Estado, para todos los estratos sociales y económicos. Desbordamiento de la violencia y la criminalidad, sobrepasando a los organismos encargados de mantener el orden y la protección de personas y bienes, llegando incluso a verse, cada vez con más frecuencia, agentes de esos cuerpos oficiales incursos en la comisión de los delitos que ellos están llamados a impedir o reprimir.
b.- Violación sistemática de los derechos y de los bienes humanos esenciales, incluyendo la vida, el patrimonio, la integridad física, la honra y la paz familiar.
c.- Amenazas y atentados de toda índole contra los medios de comunicación y por ende contra las libertades de expresión e información, tratando de imponer desvergonzadamente el imperio de la mentira. Esta situación se ha agravado con la aprobación de la llamada Ley Mordaza, suspensión de concesiones a televisoras y emisoras de radio y la reforma del Código Penal, que criminaliza todo intento o manifestación de disidencia con el régimen o sus personeros y penaliza con varios años de cárcel, según el caso y a juicio de los jueces y fiscales, todos incondicionales del régimen.
d.- Politización y sistemática destrucción de la Fuerza Armada Nacional. En este sentido, uno de las medidas más graves de lo ocurrido es el anuncio hecho por Chávez Frías y ratificado por el Secretario del Consejo de Defensa de la Nación, sobre la creación de una gran milicia de reserva que para mediados del año 2006 (julio-agosto) se aspiraba que llegara a los dos millones de reservistas, fuerza que dependerá directamente del presidente de la república y fuera de la línea de mando militar, violando todas las disposiciones legales vigentes. Además se va a eliminar la Casa Militar y se va a crear un cuerpo especial dependiente también directamente del presidente. Esto representa el fin o la muerte institucional de la Fuerza Armada, ya que una fuerza de dos millones de hombres, que armarán paulatinamente, triplicaría por lo menos, a la fuerza militar profesional e institucional. A esto se agrega la compra de equipos bélicos a Rusia y otros países, consistente en un número indeterminado de fusiles AK-47, que coincidencialmente es el mismo fusil utilizado por los movimientos terroristas no solo de Latinoamérica sino del mundo; además se adquirieron, sistemas misilísticos, distintos tipos de helicópteros y aviones de combate Sukhoi por citar algunos de ellos, saliéndose de esta manera de los patrones que históricamente había mantenido Venezuela en su equipamiento militar de Europa y Estados Unidos.
e.- Práctica del terrorismo de estado a nivel nacional, e indudables vínculos con el terrorismo nacional e internacional, además de un abierto apoyo a la narcoguerrilla y a los movimientos desestabilizadores existentes en diversos países del continente. Este propósito de exportar la revolución a todo el continente queda claramente definido en lo que Chávez ha llamado Plan Espada de Bolívar, mediante el cual mantiene una ayuda ideológica, política y logística (suministro de armamento y diversos recursos) a todos los sectores y movimientos radicales de la izquierda latinoamericana. Por citar algunos casos, basta con señalar la relación permanente con el boliviano cocalero Evo Morales; el nicaragüense sandinista Daniel Ortega; el salvadoreño Shafik Handal ya fallecido (a quien financió en su campaña electoral); así como con los actuales presidente y vicepresidente de El Salvador; las intervenciones en las elecciones mexicanas; los innegables vínculos con las FARC colombiana evidenciada con la detención en Caracas de su canciller Rodrigo Granda y la protección y permanencia de líderes guerrilleros en el país, evidenciada además, por el contenido de la computadora incautada al jefe guerrillero Raúl Reyes, así como por la incautación de poderosas armas (lanza cohetes AT4)fabricados por la empresa sueca Saab Bofors Dynamics y vendidos originalmente al ejército venezolano; el apoyo al presidente de Ecuador; y recientemente su escandalosa injerencia en Honduras a través del depuesto Manuel zelaya
f.- Destrucción definitiva de la empresa estatal, Petróleos de Venezuela PDVSA, así como de sus equipos técnicos y gerenciales, sustituyéndolos por incondicionales del proceso revolucionario. PDVSA ha pasado a ser una caja
chica del régimen y el petróleo un instrumento de geopolítica y presión para perseguir fines revolucionarios.
g.- Traición a la patria, subordinando, incluso lo que debe ser Políticas de Estado a los intereses cubanos y de los guerrilleros colombianos (ejem: cedulaciones y nacionalizaciones masivas, incluso de guerrilleros de las FARC, caso Granda y otros). Cabe destacar además, las recientes declaraciones tanto del canciller como de la vice canciller de Israel, referentes al otorgamiento de documentos de identidad venezolanos falsos a fundamentalistas islámicos, así como la ubicación de células terroristas islámicas en zonas sensibles de la geografía nacional.
h.- Corrupción generalizada y una escandalosa compra de conciencias.
i.- Eliminación de la autonomía e independencia de los poderes públicos. (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Contraloría, Jueces y fiscales tanto en la jurisdicción civil como militar, etc.).
j.- Creación y mantenimiento de milicias paramilitares y de círculos armados del terror.
k.- Tanto la Constitución como el resto de las leyes se aplican o se dejan de aplicar según convenga al régimen. Esto quiere decir que no existe estado de derecho. Últimamente, a esta situación se suma la acelerada y compulsiva promulgación de leyes orgánicas tales como: Educación, Tierras Urbanas, Procesos electorales, Descentralización, Puertos y Aeronáutica Civil, etc.
l.- Aprobación de la nueva Ley de Educación, mediante la cual se elimina, entre algunos de los numerosos aspectos fundamentales, la autonomía universitaria. Asimismo, con el nuevo modelo educativo se pretende imponer el modelo cubano con supervisores improvisados, impuestos e incondicionales. Tiene especial relevancia, la amenaza del régimen de impedir o no garantizar la educación católica de nuestros hijos, así como el desarrollo de una sistemática falsificación y adulteración de la historia. Con ello se quiere crear una nueva red o tejido social y un modelo de venezolano con una ideología y valores acordes con la revolución marxista, destruyendo de esa manera todos los valores tradicionales de la educación en Venezuela.
Ante lo anteriormente descrito, todo ello susceptible de ser comprobado y corroborado, ya nadie puede tener dudas. Ya no cabe hablar con eufemismos. Es evidente, ante estas múltiples acciones y amenazas, no sólo el derecho, sino con él la obligación de todos los venezolanos y en especial de los cristianos y demócratas del continente, de participar activa y democráticamente para corregir y reorientar el rumbo y el destino del país. Todo ello dentro de acciones eminentemente constitucionales y, por lo tanto, ajustadas a derecho, de acuerdo con lo contemplado en varias normas constitucionales venezolanas, hoy vigentes, (artcs. 326, 328, 333 y 350) y en el espíritu de una doctrina unánime.
Por otra parte, la referida intervención y participación que planteamos, sólo tendría por objeto restablecer la vigencia de la Constitución y de las instituciones, rescatar el honor, la dignidad y la soberanía de nuestro pueblo, así como de las naciones afectadas del continente, y la plena vigencia del
Estado de Derecho, requisito indispensable para la existencia de un sistema democrático y de un régimen de libertades públicas.
Ante la grave situación planteada pensamos que La Iglesia Católica venezolana, como institución fundamental de la vida nacional, siguiendo las posiciones y actitudes ejemplarizantes asumidas en otras circunstancias de
nuestra historia, debe elevar su voz y constituirse en guía coherente y permanente, para que se haga efectivo el respeto a los valores fundamentales y profundizar su contribución en la corrección del rumbo perverso del actual proceso político que se desarrolla en el país.
Para los cristianos, como se ha dicho, constituye un reto categórico participar activamente en la conducción política de los pueblos, como lo expresa el llamado formulado por SS el Papa Benedicto XVI a propósito de la visita Ad Limina Apostolorum el pasado año (2008), de los obispos polacos, inspirado en el documento conciliar Gaudium et Spes para que la Iglesia ayude a los políticos, particularmente los de tendencia cristiana, para que “actúen con integridad y sabiduría contra la injusticia y la opresión, el dominio arbitrario y la intolerancia de un solo hombre y de un solo partido político”. Tanto en los documentos conciliares, como en las encíclicas papales (Pacem in Terris y Divini Redemptoris principalmente), encontramos claras e indubitables normas que deben regir y guiar la acción de los pastores de la Iglesia, al igual que una condena abierta y concreta a los regímenes totalitarios, que como el castro-comunismo, tienen una concepción materialista de la vida y de la historia y pretenden imponer, en forma arbitraria y violenta, una constitución donde el hombre carece de libertad y de derechos personales frente a la colectividad, convirtiendo a la sociedad en una forma de esclavitud cuyo engranaje depende exclusivamente del estado, lo cual es radicalmente contrario a la civilización judeo-cristiana. En la mencionada encíclica no sólo se señala la maldad intrínseca de esos regímenes, sino que se considera ilícita e inmoral toda colaboración con esos sistemas políticos.
En Venezuela se pretende establecer la autoridad basada sólo en la fuerza, la intimidación y el atropello a la dignidad de la persona humana y a los derechos fundamentales consagrados por la ley natural y por nuestra misma Constitución Nacional. Por último, se señala también en la encíclica Pacem in Terris, que “la convivencia entre los hombres no puede ser ordenada y fecunda si no la preside una legítima autoridad que salvaguarde la ley y contribuya a la actuación del bien común en grado suficiente”.
En definitiva, ese modelo que ahora se nos pretende imponer, contrasta radicalmente con nuestra venezolanidad, independencia y vocación de libertad y con nuestros principios y valores cristianos.