Venezuela es parte en el Tratado que
dio origen a la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como
consecuencia de la suscripción del Tratado dicha Corte quedó integrada al
sistema de justicia de la República y las decisiones que de ella emanan causan
ejecutoria.
Las decisiones de la CIDH no se originan
en un sistema judicial distinto y ajeno a Venezuela; y por lo tanto, no
requieren para su eficacia el procedimiento de pase o validación (exequátur),
que se aplica a las sentencias de los tribunales de los otros países.
Eso lo saben los magistrados del TSJ,
la fiscal, la defensora del pueblo y el procurador. Miento que ojalá lo
supieran, como lo sabe cualquier alumno aprovechado de nuestras facultades de
derecho que haya obtenido una calificación satisfactoria en Derecho
Constitucional e Internacional Público y haya leído el artículo 22 de la
Constitución, sobre el alcance de los derechos humanos que se extiende más allá
de los que consagra la Constitución y los tratados internacionales; y el 23, que a esos tratados internacionales le da jerarquía
constitucional.
No existe por lo tanto nada que tenga
que decidir el TSJ. La pretendida revisión de la sentencia invocando la
soberanía no es sino una pantomima, que degrada la soberanía a la condición de
capricho del jefe del poder ejecutivo; del mismo modo como la mayor parte de
los magistrados que la integran, degradan su dignidad de ciudadanos libres a la
de vasallos del caprichoso.
La contralora encargada si tiene algo
que hacer para ejecutar la sentencia, dictar una resolución que deje sin efecto
la que en su momento dictó el contralor rufián; y no porque ésta no haya
quedado invalidada, sino como cuestión formal. Este no es un acto discrecional,
si no lo dicta es punible por desacato a la sentencia firme, como lo es cualquier ciudadano o autoridad que no acate
y se rebele contra la decisión firme de un tribunal.
Llegado el caso también al CNE le
corresponderá inscribir la candidatura pasando por encima de la decisión del
contralor, si para ese momento no se hubiera producido la resolución
revocatoria por parte de la encargada. Es así como funciona la autonomía de los
poderes y no consultando si es o no del agrado del jefe del poder ejecutivo.
Pero no funcionará así, los diputados
también están unidos a la comparsa contra la CIDH y gritan soberanía pero no
llaman a interpelación al canciller Maduro, quizá porque aún sigue verde, para
que informe y responda sobre lo que ocurre con Guyana.
El procurador se proclama así mismo
como abogado de la revolución no de la República, porque quiere poner de
manifiesto, como si ya no fuera algo sabido, que él llegó a ese puesto para
servir a la revolución, al igual que el comandante de la armada, cuyas fragatas
brillan por su ausencia en las áreas marinas donde Guyana amenaza cuestionar
nuestra posesión.
Caracas,
23 de septiembre de 2011
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