El Foro Demócrata Cristiano ante la falsa oferta de un llamado a diálogo formulado por el Presidente en la Asamblea Nacional con ocasión de rendir cuenta de su gestión, pero que su propia actuación desmintió en los días subsiguientes, quiere alertar a los partidos políticos, a los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, a las organizaciones no gubernamentales y a la opinión pública en general que las iniciativas de diálogo formuladas por el presidente tienen únicamente una finalidad propagandística y mediática, por lo que la participación en cualquier iniciativa de diálogo debe estar precedida por la restauración del imperio de la Constitución, lo que implica la derogación de todas las leyes inconstitucionales que se han promulgado incluida la ley habilitante.
Sabemos que tal meta no puede ser alcanzada sino a través de un largo proceso que conduzca a la recuperación de la autonomía de cada uno de los poderes públicos; y que se requiere para ello la entereza moral de sus integrantes para asumir sus funciones propias, sin subordinación a las indicaciones del jefe del Poder Ejecutivo, para la elaboración de leyes y
el control del gasto público con sujeción al presupuesto por parte de la Asamblea, el dictado de sentencias por parte del TSJ y los demás tribunales, la formulación de cargos por parte de la Fiscalía, la de reparos por parte de la Contraloría, las acciones de amparo y protección por parte de la Defensoría del Pueblo, la transparencia de los resultados electorales por parte del CNE y la auditoría de su registro y la recuperación del profesionalismo de la Fuerza Armada Nacional y su carácter apolítico.
Esto es el programa de restauración de la democracia, pero ello implica ante la claudicación obsecuente de muchos de los integrantes de los otros poderes, que si el Presidente quiere invitar al diálogo en forma sincera, adelante él mismo las demostraciones palpables de que su propuesta es real y en consecuencia ordene:
1) El cese inmediato de las autoridades creadas por él cuyo origen no sea el voto popular. Resaltamos entre ellas la autoridad máxima de la ciudad de Caracas, que pretende sustituir al Alcalde Mayor y el cese inmediato de la asignación de recursos presupuestarios a aquella; y las organizaciones comunales que legitiman su validez del reconocimiento otorgado por el Poder Ejecutivo, aunque de ese modo haya sido consagrado en alguna o algunas leyes y no en el voto popular, única fuente de legitimidad por emanar del soberano.
2) El inicio del procedimiento para designar nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, cuya integración deberá corresponderse con los resultados de la votación popular del 26 de septiembre de 2010; y no con el número de diputados electos para integrar la Asamblea Nacional.
3) El inicio del procedimiento para designar nuevos integrantes del Poder Ciudadano.
4) La reformulación del presupuesto nacional para el ejercicio del 2011 sobre la base de un estimado realista del ingreso, que tenga en cuenta el valor de realización del petróleo; y que en consecuencia se refleje en la determinación del situado constitucional para los Estados y los Municipios.
5) El cese de los procedimientos judiciales contra los diputados electos con el propósito de impedirles su inmediata incorporación a la Asamblea Nacional, en reconocimiento de la voluntad del pueblo soberano.
6) El retiro inmediato de los cuarteles y demás instalaciones de la Fuerza Armada Nacional destinados a la defensa nacional y al resguardo de nuestra soberanía de los oficiales del ejército castro-comunista de Cuba y el cese de la vociferación por parte de todos sus miembros desde los oficiales generales hasta el personal de tropa de la consigna “patria socialista o muerte”.
7) La liberación de los presos políticos.
Caracas, 24 de enero de 2011
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