Cuando las estadísticas revelan que el 91 % de los crímenes
en nuestro país quedan impunes mientras que privados de
libertad yen alarde de eficiencia son sometidos a juicio,
aquellos a quienes se les imputan delitos conexos con el
desenvolvimiento de la actividad política, la única
conclusión es que la delincuencia ha tomado el
control del poder político.
En un primer momento, grupos dedicados a la “defensa de
la revolución” fueron armados y autorizados para delinquir bajo
promesa de impunidad. Bajo el amparo de la GN hacían uso de
la fuerza para impedir la libre circulación de los ciudadanos por
calles, sectores o zonas que el gobierno declaraba de “seguridad”.
Se proclamó por todos los medios de publicidad a su servicio,
que la “ira popular” asumía la defensa de la revolución amenazada
por la oligarquía escuálida. Por eso los asesinos de Puente
Llaguno fueron absueltos en los tribunales, mientras que los
policías metropolitanos fueron condenados.
Ahora, ya no necesitan el amparo de la GN ni de los
tribunales. Esos delincuentes delinquen sin necesidad de promesa
de impunidad, se la dan a sí mismos porque han creado en el
territorio nacional sus propias zonas de seguridad. Por eso los
muertos o víctimas en los cuerpos policiales y la GN aumentan
abrumadoramente. Ocurre con el hampa igual que con la guerrilla.
Si se le da una zona de aliviadero, en esa zona se convierten
en la autoridad y eso está pasando en Venezuela.
El gobierno ha dejado de estar al servicio de la nación. Los
poderes públicos tienen como único objetivo preservar para sus
detentadores, la burocracia o “nomenklatura”, el poder que deriva
del uso de las armas, de los ingresos públicos sin presupuesto
y de la apariencia de estado de derecho, que ellos mismos
se encargaron de destruir.
Por eso no van a combatir la inseguridad. En realidad no
pueden combatirla porque han hecho simbiosis con lo que
la causa; y el presidente esquiva su impotencia y la de
su gobierno diciendo que la culpa es de la IV república.
Caracas, 30 de Agosto de 2010
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